El incumplimiento de las medidas cautelares para prevenir las masacres, asesinatos selectivos, el desplazamiento y el hostigamiento de los grupos alzados en armas contra las comunidades indígenas están obligando a centenares de familias a abandonar sus resguardos y huir para evitar ser asesinados.
El Estado colombiano y sus distintos gobernantes lejos de proteger los derechos de las comunidades indígenas, están propiciando el exterminio de importantes etnias indígenas, al no dar cumplimiento a las políticas de preservación y respeto por la diferencia y la autonomía de las minorías.
La falta de una política seria para enfrentar las agresiones demanda la adopción inmediata de un mecanismo nacional de urgencia y excepcional para adelantar las investigaciones sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas que asegure a las victimas y a sus familias su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, llevando ante los altos tribunales a los culpables y condenándolos.
Es necesario parar las matanzas y el terror en que están sumidos los pueblos indígenas, que en los últimos cinco años han perdido más de 513 de sus lideres y han tenido que desplazar cerca de 14.000 indígenas entre mujeres, ancianos y niños que ahora temen regresar a sus resguardos de luz.
Gerardo Jumí
H.S. de la República
