- Democracia y DDHH -

Propuesta:

•Impulsaremos políticas sociales en las zonas de conflicto, con el fin de mejorar el nivel de vida de los habitantes de dichas zonas.

•Formularemos alternativas para el reestablecimiento del respeto por los DDHH.
•Buscaremos darle un énfasis indigenista a estas medidas, dada la situación que viven las comunidades por su estratégica ubicación geográfica en el conflicto armado.

Durante el actual gobierno y dentro del marco de la política de seguridad democrática, las comunidades indígenas colombianas han visto como sus derechos y sus beneficios han ido disminuyendo; estos atropellos van, más que nada, en contra de la seguridad misma de las comunidades y violan directamente el DIH y los DDHH. 

La situación de los derechos humanos en Colombia es particularmente aterradora, dado que el país vive inmerso en un conflicto armado desde hace más de 40 años y un alto porcentaje de la sociedad civil se encuentra en medio del fuego cruzado entre los tres actores armados del conflicto (fuerzas armadas, grupos de autodefensas y grupos guerrilleros).  Ejemplo de ello es lo que ha venido denunciando desde el Senado Gerardo Jumí: múltiples casos de violación de derechos humanos,  frente a los cuales se obtuvieron logros como las acciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la situación del pueblo Embera y la Empresa Urrá, y el bombardeo a territorios indígenas de Nariño, entre otros.

Las comunidades indígenas, en su mayoría, se encuentran en territorios de disputa dada la riqueza natural y energética de éstos.  Esta ubicación de las comunidades indígenas resulta estratégica para los actores armados y por ello amenazan a las comunidades y las desplazan de sus territorios.

Así, se encuentra que los principales atropellos en materia de DD.HH. dirigidos hacia las comunidades indígenas se dan en términos de negación de autonomía y gobierno propio, señalamiento y judicialización de los dirigentes indígenas, homicidios, amenazas, impunidad, facultades judiciales a las Fuerzas Armadas,  reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, ataques a la base alimenticia de las comunidades  y negligencia en la aplicación de políticas sociales, que finalmente terminarán en la desaparición de las culturas indígenas, figura conocida en el Derecho Internacional como etnocidio.

Propuesta:
•Queremos un Estado involucrado de manera positiva con las diversas manifestaciones y expresiones sociales.El acompañamiento del Estado debe dirigirse a la garantía de los derechos y no a la represión social.
•Vigilaremos que el Estado cumpla sus deberes constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos
•Buscamos el reconocimiento de grupos sociales de todo origen y naturaleza como interlocutores válidos en los debates para solucionar los problemas del país.
•Lucharemos por recuperar el derecho a la movilidad social, quitando el velo de criminalidad tendido por el actual gobierno sobre cualquier voz opositora.

Otros de los serios problemas del país es la intolerancia política y la falta de espacios democráticos para la interlocución social. La represión a la movilización y la protesta social, y la estigmatización al pensamiento diferenciado al del gobierno ha sido una constante durante el actual gobierno. Una de las causas de la violencia social y de la constante movilización social de los indígenas y las poblaciones vulnerables y minoritarias es la exclusión y la negación del gobierno a las organizaciones y sectores sociales en donde convergen todos los sectores minoritarios y opuestos al gobierno como interlocutores validos en el debate publico sobre los problemas del país. Se ha construido una imagen oficial de cercanía con los grupos al margen de la ley por parte de nuestras organizaciones que luchan por hacer valer sus legítimos derechos constitucionales cuando hemos declarado abiertamente nuestra neutralidad en el conflicto.

Es inconcebible que no se respeten los derechos constitucionales a la protesta y a la asociación, cuando la constitución tiene a la participación ciudadana y la democracia como dos de sus principios fundamentales. Debemos propugnar por generar al interior de la sociedad colombiana unos espacios democráticos de verdadera participación e interlocución social en donde todos los sectores de la sociedad independiente de su condición para hacer de la solución de los problemas del país una tarea que nos involucre a todos los colombianos. Nuestra lucha no es contra el Estado, por el contrario, queremos un estado mas involucrado con los grupos étnicos y minorías, respetuoso  y garante de nuestros derechos e involucrado en una tarea democrática conjunta de solución de los problemas del país. La movilización social no debe ser estigmatizada, criminalizada, ni reprimida, debe ser canalizada en espacios democráticos participativos, de esta forma la conflictividad social disminuirá y el compromiso por una visión colectiva de país aumentara.

Propuesta:
•Velar por el respeto a la Constitución Política del 91, para defender desde todos los frentes la figura de la autonomía universitaria

•Impulsar una iniciativa legislativa que le proteja las asignaciones presupuestales para las universidades públicas sin con ello restar recursos a los otros niveles educativos.
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•Formular una propuesta alternativa para incrementar los niveles de cobertura con calidad en educación superior.

Desde finales de la década de los 90 se ha venido buscando la privatización de las universidades públicas a través de mecanismos legales.  Así, las universidades públicas colombianas se mueven en un escenario de total desinterés del Estado por fortalecerlas financieramente y en calidad educativa, presupuestos mínimos que limitan seriamente sus objetivos como centros educativos y de pensamiento que contribuyen al desarrollo del país, nociones distorsionadas de la autonomía universitaria, y serios impedimentos para lograr aumentos significativos en cobertura y en calidad de la educación publica.

Por ello es necesario velar por el respeto a la Constitución Política del 91, para defender desde todos los frentes la figura de la autonomía universitaria;
impulsar una iniciativa legislativa que le proteja las asignaciones presupuestales para las universidades públicas sin con ello restar recursos a los otros niveles educativos; y, f
ormular una propuesta alternativa para incrementar los niveles de cobertura con calidad en educación superior.